El Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto un cambio de paradigma en cuanto al modo de cumplir con sus obligaciones. Requiere no sólo su cumplimiento, sino poder demostrarlo, Ello que implica una actitud proactiva o diligente por parte de los responsables del tratamiento. Una de las medidas de cumplimiento de ese deber de diligencia que el Reglamento establece es la de designar un delegado de protección de datos en determinados supuesto, que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales concreta como obligatoria para todos los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación.
Entre las importantes funciones que al delegado de protección de datos le están reservadas se encuentran las de informar, asesorar y supervisar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, así como la de resolver reclamaciones que se puedan plantear, además de ser el interlocutor con la Agencia Española de Protección de Datos y con los interesados.
Para el cumplimiento de sus funciones y armonizar los tratamientos de datos personales en los centros educativos, las dudas que puedan surgir han de trasladarse al delegado de protección de datos.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

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